Berliner Boersenzeitung - Juez considera ilegal el uso por Trump de ley de 1798 para deportar migrantes

El magistrado Fernando Rodríguez, designado por el propio Trump, bloqueó cualquier deportación desde su distrito del sur de Texas de presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua en virtud de la Ley de enemigos extranjeros de 1798.

La Corte Suprema y varios tribunales de distrito han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de esta ley alegando falta de garantías procesales, pero Rodríguez es el primer juez federal que considera que su uso es "ilegal".

El 15 de marzo Trump invocó esta ley para enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión de El Salvador, que se prestó a encarcelarlos a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.

Hasta ese día la ley solo se había usado en tiempos de guerra, sobre todo para confinar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Trump estima que el Tren de Aragua está involucrado en "acciones hostiles" y "amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos". Según la Casa Blanca el "régimen hostil" del mandatario venezolano Nicolás Maduro mueve los hilos.

"El presidente no puede declarar sumariamente que una nación o gobierno extranjero ha amenazado o perpetrado una invasión o incursión depredadora en Estados Unidos", concluyó el juez Fernando Rodríguez en su dictamen de 36 páginas.

-"Excede el alcance legal" -

"Permitir que el presidente defina unilateralmente las condiciones en las que puede invocar" la ley "y luego declarar sumariamente que esas condiciones existen, eliminaría todas las limitaciones a la autoridad del poder ejecutivo", añadió el magistrado.

La invocación de la ley por parte del presidente "excede el alcance legal y, como resultado, es ilegal", dijo.

La administración no tiene autoridad legal, en virtud de la ley de enemigos extranjeros, "para detener a extranjeros venezolanos, trasladarlos dentro de Estados Unidos o expulsarlos del país", zanjó.

Los abogados de varios de los expulsados acusan a la administración de haber arremetido contra sus clientes por sus tatuajes.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda para detener las expulsiones, aplaudió el fallo.

"El tribunal dictaminó que el presidente no puede declarar unilateralmente una invasión de Estados Unidos e invocar una autoridad de tiempos de guerra en tiempos de paz", resumió Gelernt.

"Evita que más personas sean enviadas a la tristemente célebre prisión" salvadoreña del Cecot, acusada de quebrantar los estándares de derechos humanos.

De todos modos Trump puede seguir deportando migrantes en situación irregular aplicando las leyes migratorias, como han hecho a lo largo de las décadas gobiernos tanto demócratas como republicanos.

- "Piedra angular" -

La política migratoria del millonario republicano se ha convertido en blanco de las críticas de la oposición.

Este jueves cuatro senadores demócratas presentaron un proyecto de ley que reclama que el gobierno rinda cuentas por la expulsión de migrantes a El Salvador.

Concretamente le pide que detalle por escrito en un informe las medidas que toma para aplicar las órdenes judiciales y evalúe "las presuntas violaciones de los derechos humanos" por parte de El Salvador.

Un congresista presentará un texto similar en la Cámara de Representantes.

"La piedra angular de la democracia estadounidense es el debido proceso. La administración Trump ha dado un mazazo a la base misma de nuestro sistema legal y a los derechos que los estadounidenses tienen como ciudadanos", estimó Chuck Schumer, líder de la oposición en el Senado, en un comunicado.

Además de Schumer, el proyecto de resolución fue presentado por Tim Kaine, Alex Padilla y Chris Van Hollen.

Trump ganó las elecciones a la Casa Blanca en noviembre en gran parte gracias a sus promesas de combatir lo que considera una invasión de migrantes. Los considera criminales por haber cruzado la frontera sin visa ni autorización.

(A.Lehmann--BBZ)