Mulino suspende libertades de reunión y movimiento en una provincia panameña por protestas
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, suspendió este viernes las libertades de reunión y movimiento en la provincia caribeña de Bocas del Toro, donde grupos de manifestantes protagonizaron violentos disturbios, saqueos a comercios, destrozos a un aeropuerto y bloqueos de rutas.
La norma también deja temporalmente sin efecto las garantías constitucionales que impiden la violación del domicilio y el registro de comunicaciones personales, entre otras.
Las protestas contra el gobierno, iniciadas hace casi dos meses y que se recrudecieron el jueves, han dejado un muerto, más de 80 detenidos, y decenas de heridos, entre ellos 13 policías, según las autoridades.
El gobierno ha decidido "suspender las garantías constitucionales en todo el territorio de la provincia de Bocas del Toro por el término de cinco días, a fin de restablecer la paz y el orden", anunció el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
El objetivo es "evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia, vandalismo, que pongan en peligro la propiedad y a las personas", agregó.
Orillac, que hizo el anuncio escoltado por todos los ministros de Mulino, dijo que el jueves "grupos violentos protagonizaron actos criminales y de terrorismo urbano".
Hasta la semana pasada, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraban las protestas en rechazo a una reforma de las pensiones porque eliminaba algunos de sus beneficios, pero posteriormente les fueron restituidos tras un acuerdo con el gobierno.
Las autoridades sospechan ahora que los altercados están protagonizados por "bandas delincuenciales", y no por sindicatos.
Los disturbios, que han continuado este viernes, han provocado pérdidas millonarias y desabastecimiento.
"Estos son actos delictivos, no son una protesta", pero el gobierno ha tenido un discurso "muy agresivo y sectario" y se ha negado "a escuchar lo que piensan otros grupos", explicó a la AFP la politóloga Sabrina Bacal.
El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, advirtió que quedan prohibidas "las reuniones y demás temas que alteren el orden público".
En la localidad de Changuinola, grupos de encapuchados saquearon comercios, incendiaron vehículos y quemaron parcialmente un estadio de béisbol con policías adentro.
También causaron destrozos en un aeropuerto, en entidades públicas y en instalaciones de la empresa bananera Chiquita Brands.
"Esperamos terminar de controlar Changuinola lo más pronto posible", señaló el subdirector de la policía, Jorge Dominíguez, quien avisó que los agentes entrarán "sin ningún tipo de limitación" donde se escondan los "delincuentes".
La medida va "inhibir al principio las protestas, el asunto es qué va a ocurrir después", dijo a la AFP el analista político, Danilo Toro.
(B.Hartmann--BBZ)
