Berliner Boersenzeitung - Noosha Aubel y Potsdam: Se ha perdido la confianza inicial

Los ciudadanos de Potsdam afirman: «Aubel heredó la crisis presupuestaria, pero fue ella misma la responsable de las prioridades de su proyecto de presupuesto».

Otro escándalo: medio millón de euros para asesores, en lugar de liderazgo propio

Ahora se espera que los asesores externos pongan orden en el Ayuntamiento, donde al parecer falta una línea política y un liderazgo propios. El proyecto firmado por Noosha Aubel para la «consolidación y optimización de la gestión presupuestaria» cuesta, según los medios de comunicación, unos 500 000 euros. Es cierto que la resolución en la que se basa ya se había adoptado antes de su elección. Sin embargo, con su firma, Aubel ha asumido políticamente el encargo y, por lo tanto, es responsable de su ejecución.

Al final, son los ciudadanos quienes pagan la factura: no solo los aproximadamente 500 000 euros destinados a la consultoría externa, sino también el sueldo de Aubel. Según el grado B7, este asciende a un salario base mensual de 11 921,34 euros, además de un coche oficial con chófer. Quien recibe casi 12 000 euros al mes de los fondos públicos de los ciudadanos debe responder a la pregunta de por qué se debe destinar otro medio millón de euros a consultores externos para una tarea de gestión fundamental. Potsdam necesita liderazgo político, no una costosa externalización de la responsabilidad.

Quien gasta medio millón de euros en asesoramiento debe, además, explicar de antemano qué cambios medibles se pretenden lograr al final, algo que Aubel aún no ha hecho. ¿Cuál es el objetivo de ahorro? ¿Qué estructuras duplicadas se eliminarán? ¿Para cuándo se aplicarán los resultados? La descripción pública ofrecida hasta ahora incluye encargos de auditoría y términos de procesos, pero ningún criterio de éxito concreto. Así, «asegurar el futuro» se convierte rápidamente en un nombre que suena bien para un aplazamiento político.

Los consultores saben hacer cálculos, pero no tienen que asumir responsabilidades ni liderar. Sin embargo, fue precisamente para eso para lo que los ciudadanos y ciudadanas de Potsdam, capital del estado de Brandeburgo, eligieron a Aubel. Hasta la fecha, se aprecia muy poco de ese liderazgo en Noosha Aubel.

La independencia se convierte en una actuación en solitario

Aubel quería gobernar sin una coalición partidista fija y con mayorías cambiantes. Durante la campaña electoral, eso sonaba a libertad y pragmatismo. En el día a día de un pleno municipal de Potsdam fragmentado, sin embargo, parece cada vez más desorganizado. Los medios locales describen proyectos importantes que se presentaron públicamente antes de que se hubieran organizado mayorías sólidas. Incluso antiguos partidarios lamentan el estilo presidencial de Aubel, carente de respaldo político.

La independencia es una ventaja cuando permite tomar decisiones. Se convierte en un problema cuando sustituye a la preparación. Una alcaldesa no tiene por qué gustar a todo el mundo. Pero debe saber con quién lleva a cabo un presupuesto de miles de millones, el suministro de agua, la infraestructura social y los grandes proyectos urbanos. Las mayorías cambiantes no son una estrategia válida si las mayorías brillan por su ausencia de forma habitual.

El caso de la guardería supone para Aubel una declaración de bancarrota moral

Reviste especial gravedad el caso, que ha salido a la luz pública, de un niño de dos años con una discapacidad grave, con un grado de discapacidad del 100 % y un grado de dependencia 4. Según una investigación publicada el 25 de junio de 2026, que, según sus propias declaraciones, se basa en documentos judiciales, denuncias disciplinarias y consultas de la prensa, el niño lleva más de un año esperando una plaza en una guardería que pueda utilizar realmente con el apoyo personal imprescindible.

No se trata aquí ni de una cuestión de carácter privado ni de una mera «exposición de la situación de la familia», que pudiera desestimarse con unas pocas frases tranquilizadoras por parte del ayuntamiento. Lo que está en juego es, más bien, la escandalosa acusación de que una administración municipal no ha proporcionado durante meses a un niño pequeño con discapacidad grave (100 % de grado de discapacidad con nivel de cuidados 4) precisamente ese apoyo sin el cual su derecho legal a la estimulación temprana queda prácticamente sin valor.

Los niños tienen derecho legal a la estimulación temprana a partir de cumplidos los dos años de edad. En el caso de los niños con discapacidad, deben tenerse en cuenta sus necesidades especiales. La forma en que la administración denomine internamente el apoyo necesario —ayuda individualizada, asistencia, recursos de personal adicionales o cualquier otra cosa— carece por completo de importancia para el niño afectado. Lo único decisivo es si realmente puede hacer uso de su plaza en la guardería. Una plaza sobre el papel a la que un niño no puede acudir por falta de apoyo no es una plaza de atención. Es una ficción administrativa.

A Noosha Aubel no le gusta tramitar personalmente el expediente como funcionaria. Pero precisamente esta excusa se queda claramente corta.

Aubel es alcaldesa de Potsdam, la capital del estado federado, y, por tanto, jefa de la administración. Dirige la administración municipal, determina su organización y el reparto de funciones, y asume la responsabilidad política general de su funcionamiento. Puede delegar tareas, pero no la responsabilidad.

Por lo tanto, para Aubel solo hay dos explicaciones posibles, y ambas suponen un fracaso político y moral: Si no se le informó de este caso de extrema gravedad, o si se le informó demasiado tarde, entonces sus estructuras de liderazgo, información y control han fallado; aquí hay que decir «basta» con claridad, ya que se ha demostrado que, ante docenas de testigos, el 13 de diciembre de 2025, los padres afectados se dirigieron de nuevo a Aubel —esta vez personalmente— en el mercado navideño. Si Aubel estaba informada y, a pesar de ello, no ha proporcionado hasta ahora una solución eficaz de forma inmediata, es evidente que ha fallado hasta la fecha (12 de junio de 2026). Por lo tanto, la alcaldesa Noosha Aubel no puede escudarse ni en las competencias ni en los procedimientos en curso ni en los trámites administrativos internos.

La alcaldesa le debe al público una respuesta clara: ¿desde cuándo tenía conocimiento del caso? ¿Qué medidas concretas ordenó? ¿Quién es responsable de que, al parecer, el niño aún no haya obtenido una plaza en una guardería realmente accesible con un asistente para casos especiales? ¿Y por qué la administración de la capital del estado no fue capaz de organizar en el plazo de un año una solución para un niño pequeño con discapacidad grave?

Quien no responda a estas preguntas no solo demuestra una falta de transparencia. Alimenta la sospecha de que, en el Ayuntamiento de Potsdam, la responsabilidad se va pasando de un departamento a otro, de una competencia a otra y de una interpretación jurídica a otra, hasta que ya nadie quiere asumir personalmente las consecuencias. Para una alcaldesa, esto no sería un lamentable error de comunicación, sino una prueba estremecedora de falta de liderazgo.

La contradicción no podría ser más cruda: en febrero, Aubel volvió a recibir en nombre de Potsdam el sello de «Municipio amigo de la infancia» y prometió integrar de forma vinculante los derechos de los niños en la actuación administrativa. Pero el compromiso con la infancia no se demuestra en entregas de premios, fotos de prensa ni planes de acción que suenan bien. Se demuestra allí donde la actuación administrativa resulta difícil, costosa e incómoda. Un sello no organiza la asistencia. Un plan de acción no acompaña a un niño en su día a día en la guardería. Y un comunicado de prensa no sustituye a una plaza que un niño con discapacidad grave pueda utilizar realmente.

Si la descripción de los afectados es cierta, el sello de «municipio adaptado a los niños» se convierte en este caso en un amargo telón de fondo. Mientras la ciudad de Potsdam se adornaba públicamente con los derechos de los niños, un niño especialmente vulnerable seguía esperando su aplicación práctica. Entre la pretensión política y la realidad administrativa vivida no solo hay una brecha, sino un abismo moral.

Mientras que en el Ayuntamiento de Potsdam, al parecer, se examinan las competencias, se pasan expedientes de mano en mano y se eluden responsabilidades, quien sufre las consecuencias directas no es la administración, sino un niño pequeño con discapacidad grave y su familia. A pesar de tener un grado de discapacidad del 100 % y un grado de dependencia 4, al parecer el niño aún no ha conseguido una plaza adecuada en una guardería con el apoyo personal necesario. La actuación administrativa en cuestión se encuentra ahora ante el Tribunal Social de Potsdam, donde el abogado Axel Kapust lucha por el niño pequeño con discapacidad grave y por sus derechos. Según los afectados, una vez agotadas todas las vías legales nacionales, se contemplaría, en caso necesario, la presentación de una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Si un tribunal determinara que la capital del estado federado ha actuado de forma ilegal, los posibles pagos en concepto de indemnización o de daños y perjuicios correrían, en última instancia, a cargo de los fondos públicos. Los responsables políticos y administrativos toman decisiones o se abstienen de tomarlas; las consecuencias las sufre, en primer lugar, el niño, y la factura la paga, posteriormente, la comunidad.

Ahí radica el verdadero escándalo: en el ayuntamiento se gestiona, se retrasa y se remite de un lado a otro. El niño pierde un tiempo valioso e irrecuperable. Y, al final, los ciudadanos podrían incluso verse obligados a responder financieramente por el fracaso de los responsables del ayuntamiento de la capital del estado, Potsdam, así como del Gobierno regional de Brandeburgo, formado por el SPD y la CDU. Así pues, los ciudadanos tendrían que volver a pagar una vez más.

Los padres afectados están dispuestos a plantear preguntas ante los tribunales —en presencia de la prensa— para dar a conocer al público este caso y la gestión del mismo por parte de la alcaldesa Noosha Aubel. También está previsto que el niño pequeño con discapacidad grave esté presente.

La legítima exigencia de hechos, no de promesas sin fundamento

La alcaldesa Noosha Aubel debe garantizar de inmediato una atención adaptada a las necesidades del niño afectado, presentar una cronología anónima y completa de las decisiones de las autoridades e iniciar una investigación verdaderamente independiente. Es necesario aclarar quién tenía qué información y cuándo, qué decisiones se tomaron o se omitieron, y si se han producido incumplimientos de obligaciones, deficiencias organizativas, fallos de supervisión o discriminaciones por motivos de discapacidad. La protección de datos protege al niño y a su familia, no a la administración frente al control y la aclaración de los hechos.

También habría que investigar por separado y con urgencia la acusación documentada de que, ya bajo el mandato del predecesor de Aubel, Mike Schubert (53 años, SPD), se produjo un caso similar en el contexto de un hermano con discapacidad grave. Si esto se confirmara, no solo se plantearía una conducta indebida individual, sino un posible fallo estructural total en la gestión y el control del Ayuntamiento de Potsdam. Asimismo, debe investigarse sin prejuicios la sospecha de una discriminación recurrente hacia las personas con discapacidad grave en Potsdam y Brandeburgo. En este sentido, la responsabilidad recae sobre todo en el presidente del Estado federado, el Dr. Dietmar Woidke (64 años, SPD), quien, según se ha demostrado mediante numerosas cartas certificadas con acuse de recibo, conoce este caso y que, hasta la fecha, también ha permanecido inactivo ante este escandaloso asunto.

Mientras no haya acompañamiento, transparencia, una investigación independiente y consecuencias evidentes, el caso seguirá siendo un grave escándalo político y una carga enorme para el ejercicio del cargo de Aubel. Si ella retrasara la investigación o se negara a asumir las consecuencias necesarias, también sería políticamente legítimo plantear un proceso de destitución, lo que, al igual que en el caso de su predecesor destituido, Mike Schubert (SPD), equivaldría a una destitución sin preaviso. Una destitución no es solo un despido inmediato, sino un procedimiento democrático regulado por ley.

¿Está Noosha Aubel a la altura del cargo de alcaldesa de Potsdam, la capital del estado federado?

La pregunta es dura. Su balance hasta la fecha la hace inevitable. En este contexto, Aubel no ha sido la única responsable de la crisis financiera de Potsdam y, al final, logró que el Parlamento aprobara el presupuesto por amplia mayoría. Sin embargo, un presupuesto deficitario aprobado no equivale aún a un saneamiento, un contrato de asesoramiento no es una estrategia y un sello de «amigo de la infancia» no es prueba de que se respeten los derechos de los niños.

Potsdam necesita ahora tres cosas: un plan de consolidación cuantificado y verificable, mayorías políticas fiables para las decisiones fundamentales y el esclarecimiento completo del caso de la guardería, incluida una solución realmente viable para el niño.

Hasta que Noosha Aubel cumpla con esto, la respuesta a la pregunta sobre su idoneidad no puede ser un «sí» convincente. Obtuvo un 72,9 % de confianza. Este resultado le ha dado poder, pero no un margen de tiempo. La crisis presupuestaria es una herencia que ha recibido. El déficit de liderazgo y, sobre todo, el vergonzoso escándalo en torno a un niño pequeño con discapacidad grave llevan ya su nombre, el nombre de Noosha Aubel.

M.Motin