Berliner Boersenzeitung - Finaliza el juicio inédito al fiscal general del Estado español

Álvaro García Ortiz, máximo representante de la fiscalía, fue juzgado desde el 3 de noviembre, acusado de haber incumplido deliberadamente el secreto de instrucción al revelar a la prensa un documento confidencial sobre el empresario Alberto González Amador -quien pronto será juzgado por fraude fiscal- para dañar la imagen de su pareja, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de derecha de la región de Madrid.

García Ortiz, quien podría enfrentar hasta seis años de prisión, reiteró su inocencia durante el juicio. Nombrado en 2022 a propuesta del gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado salió del Tribunal Supremo sin hablar con los medios.

En su alegato final, uno de sus abogados, José Ignacio Ocio, denunció que el proceso estuvo marcado por un "contexto mediático excepcional" que "ha creado un entorno adverso para la presunción de inocencia" de su cliente, para quien pidió la absolución.

"No hay ninguna prueba de que ese correo (...) llegase porque así lo ordenase el fiscal general del Estado", aseguró en referencia al mail en el centro del caso, publicado por varios medios en marzo de 2024.

Poco antes, la representante del Ministerio Público María Ángeles Sánchez Conde había estimado que su superior jerárquico no había "tenido ninguna actuación impropia" y pidió igualmente su absolución.

La acusación tiene, sin embargo, una visión opuesta. El abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, denunció un complot orquestado por la izquierda en el poder nacional, a la que acusó de crear un relato que "destroza la presunción de inocencia" de su cliente en el caso de fraude fiscal por el que será juzgado.

- "Moneda política" -

Igualmente, reprochó al ejecutivo que hubiera convertido a González Amador en una "moneda política" al señalarlo como culpable de los delitos fiscales que niega a través del presunto acuerdo.

El letrado solicitó, por ello, una pena de cuatro años de prisión y 300.000 euros en concepto de daños y perjuicios por el daño moral causado.

Este juicio sin precedentes representa una nueva prueba para Pedro Sánchez, rodeado de casos judiciales que afectan a su entorno. El dirigente socialista defiende desde el principio que García Ortiz "es inocente", suscitando la ira de la oposición de derecha que le acusa de atacar "la independencia judicial".

Este polémico caso se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda durante la pandemia de covid-19.

En marzo del mismo año, varios medios publicaron información sobre las conversaciones entre la fiscalía de Madrid y el abogado de González Amador para llegar a un posible acuerdo para declararse culpable a cambio de evitar ir a prisión.

Algunos periodistas aseguraron que fue la fiscalía la que hizo la oferta, pero que ésta fue retirada por "órdenes de arriba".

Esta versión, que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconoció ante el tribunal haber difundido, es en realidad errónea: fue el abogado del empresario quien solicitó un acuerdo y no al revés.

- "No era ilícita" -

Durante su declaración, González Amador acusó al fiscal de haberle "matado públicamente", en referencia a la nota de prensa que emitió el Ministerio Público para aclarar lo sucedido.

La fiscal del caso aseguró el jueves que aquella nota "no era ilícita", puesto que "todos los elementos que contenía la misma eran ya objeto de público conocimiento cuando fue publicada".

Varios periodistas afirmaron ante el tribunal que tuvieron acceso al correo filtrado por otras vías y antes de que el fiscal general lo obtuviera de sus subordinados, pero invocaron el "secreto profesional" para no revelar sus fuentes.

Los inspectores de la Guardia Civil que realizaron las investigaciones mantuvieron sus acusaciones contra el fiscal, basándose principalmente en los análisis telefónicos realizados.

Pero estos fueron solo parciales ya que García Ortiz borró el historial de su dispositivo en el momento de la investigación, lo que la acusación particular considera un indicio de su culpabilidad.

El fiscal general defendió, no obstante, que el borrado respondió únicamente a un proceso de seguridad.

(G.Gruner--BBZ)