Berliner Boersenzeitung - Rusia tras Putin: el «Parlamento con un 1 % de posibilidades»

El Congreso de los Diputados del Pueblo trabaja desde el exilio en la elaboración de leyes para una transición democrática en Rusia. Moscú ha prohibido este órgano y lo ha declarado organización terrorista. Maxim Motin, miembro del Congreso, explica por qué, pese a todo, cree en el éxito de este experimento político.

En diciembre de 2025, el Tribunal Supremo de Rusia declaró organización terrorista al Congreso de los Diputados del Pueblo, del que formo parte, y prohibió sus actividades en territorio ruso. El tribunal justificó su decisión alegando que la organización apoyaba y justificaba el terrorismo. Desde entonces, Rosfinmonitoring, el organismo ruso de supervisión financiera, también ha incluido al Congreso en su registro de personas y organizaciones a las que se atribuyen vínculos con el terrorismo o el extremismo. El Congreso rechaza estas acusaciones.

Poco después nos reunimos en Varsovia. ¿Qué hacía allí esta organización, tan peligrosa a ojos de Moscú? Redactábamos leyes. Leyes sobre elecciones libres, educación y la creación de instituciones democráticas. Debatimos sobre las reparaciones a Ucrania y sobre una amnistía para los soldados rusos que depongan voluntariamente las armas y pongan fin a su participación en la guerra. Para una organización calificada de terrorista por Moscú, se trata de un arsenal poco habitual. Sin embargo, en la Rusia actual, una persona con un proyecto de ley puede parecer a veces más amenazadora que una persona con un fusil.

Un Parlamento sin Estado
El Congreso de los Diputados del Pueblo se constituyó en noviembre de 2022, unos ocho meses después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Su primera sesión tuvo lugar en Polonia. La idea era tan sencilla como ambiciosa: en un país en el que se han eliminado las elecciones libres y en el que el Parlamento se ha convertido, a nuestro juicio, en una mera máquina de votar al servicio de la Administración presidencial, quienes pueden reivindicar con mayor fundamento una representación política son aquellas personas que, en algún momento, fueron realmente elegidas por los ciudadanos.

Según sus propios datos, el Congreso reúne actualmente a 135 antiguos representantes electos de 38 regiones rusas. Entre ellos hay exmiembros de la Duma Estatal, de parlamentos regionales y de corporaciones municipales, así como antiguos alcaldes. Yo mismo fui concejal municipal del distrito moscovita de Pechatniki entre 2012 y 2017. La mayoría de los participantes vive hoy en el exilio, desde Vilna y Varsovia hasta Tiflis. Algunos, sin embargo, permanecen en Rusia. Se conectan a las sesiones mediante canales cifrados, no muestran sus rostros y no hacen públicos sus nombres.
Conviene detenerse a pensar en lo que esto significa: en 2026, personas que en su día fueron elegidas por sus vecinos tienen que actuar como miembros de un movimiento clandestino para poder debatir sobre una futura ley de educación. Eso dice más sobre la realidad política de Rusia que muchas resoluciones.

27 documentos en tres días
La novena sesión del Congreso se celebró en Varsovia del 27 al 29 de junio de 2026. Según los organizadores, participaron alrededor de 60 delegados: aproximadamente la mitad de forma presencial y la otra mitad por internet. En tres días se debatieron o aprobaron 27 documentos. Entre los textos publicados en la página web oficial del Congreso figuraban decisiones relativas a la representación internacional de una Rusia democrática, así como una ley de amnistía para los ciudadanos rusos que pongan fin voluntariamente a su participación en la guerra contra Ucrania.

Nuestro trabajo sigue dos líneas. Por un lado, revisamos las leyes creadas o modificadas bajo el mandato de Vladímir Putin para proteger la estructura de poder existente. Por otro, elaboramos respuestas a los problemas provocados por la guerra, problemas que cualquier Rusia futura tendrá que afrontar. Entre ellos se encuentran los planes para desmantelar el sistema autoritario, desmilitarizar el país y pagar reparaciones a Ucrania. A ello se añade un amplio procedimiento de evaluación para antiguos funcionarios de los servicios de inteligencia y personas vinculadas a redes criminales que se benefician del sistema actual. No se les debe permitir que se limiten a cambiar de etiqueta política y vuelvan a tomar el control tras un posible cambio de poder.

Las cuestiones militares y de seguridad ocuparon un lugar central en la sesión de Varsovia. El Congreso aprobó una resolución en la que calificó a la Federación de Rusia de Estado patrocinador del terrorismo y declaró organización criminal al servicio de inteligencia interior FSB. Estas decisiones expresan las posiciones políticas y jurídicas del Congreso, pero en la actualidad no tienen fuerza de ley estatal.

Desde mi punto de vista, reviste especial importancia el modelo de amnistía previsto para los soldados rusos que depongan voluntariamente las armas. Quien desee que los soldados se nieguen a cumplir una orden criminal o abandonen el frente debe poder ofrecerles una respuesta jurídicamente creíble a una pregunta sencilla: ¿Qué me ocurrirá después? También nos ocupamos de la protección de los presos políticos, de una nueva legislación electoral, de una futura política exterior y de un sistema educativo para una Rusia democrática.

Proyectos de ley en lugar de retórica de conferencias
La oposición rusa en el exilio organiza numerosos foros y conferencias. Hay discursos, mesas redondas y resoluciones que reclaman democracia, derechos humanos y paz. Todo ello tiene su lugar. Sin embargo, el Congreso es la única estructura de la oposición rusa que conozco que se ocupa sistemáticamente de la infraestructura jurídica necesaria para un periodo de transición. No estamos escribiendo más manifiestos sobre lo maravillosa que podría llegar a ser algún día una Rusia libre. Intentamos preparar textos legislativos que puedan ponerse sobre la mesa el primer día después del final del sistema actual.

Detrás de cada documento hay muchas horas de trabajo en comisiones, discusiones sobre formulaciones concretas y compromisos entre personas con trayectorias políticas muy diferentes. Es un trabajo poco espectacular. Rara vez da lugar a un vídeo viral. Precisamente por eso es importante. En la década de 1990, Rusia carecía de un ordenamiento jurídico sólido y democráticamente preparado para la transición. Muchas reformas se aprobaron bajo una enorme presión de tiempo. Los intereses oligárquicos, antiguos funcionarios y estructuras de seguridad aprovecharon las debilidades institucionales. Las consecuencias siguen marcando al país hasta el día de hoy.

Iliá Ponomariov, impulsor del Congreso y antiguo miembro de la Duma Estatal, describe así la tarea: «Los cambios pueden llegar muy deprisa y de manera muy abrupta. Por eso debemos prepararnos con antelación». Sin una preparación concreta, advierte, podría repetirse una situación en la que aventureros y oligarcas reescriban las leyes en su propio beneficio.

Una postura clara ante la guerra
Desde mi punto de vista, nuestra posición política no deja lugar para los eufemismos: la guerra no es un «conflicto» ni una «operación militar especial». Rusia atacó a Ucrania. Ucrania tiene derecho a la seguridad y a recibir una compensación por los daños causados. Deben respetarse las fronteras reconocidas internacionalmente en 1991, incluida Crimea. El Congreso también mantiene contactos con unidades de voluntarios rusos que combaten junto a Ucrania contra el ejército del Kremlin. Estos vínculos son políticamente controvertidos y ofrecen a los críticos uno de sus principales argumentos de ataque. Aun así, no los ocultamos.

Quien considere criminal esta guerra debe estar dispuesto a responder qué está haciendo personalmente para contribuir a ponerle fin. Distintas personas darán respuestas diferentes. La nuestra consiste, ante todo, en preparar una alternativa política y jurídica para el periodo posterior a la guerra. La decisión rusa de clasificar al Congreso como organización terrorista también debe contemplarse en este contexto. Moscú considera que los vínculos entre destacados miembros del Congreso y la resistencia armada constituyen una prueba de actividad terrorista. Nosotros, por el contrario, vemos esa decisión como parte de la represión política contra los opositores al sistema. Una información europea creíble debería presentar ambas posiciones, sin aceptar de manera acrítica las sentencias y denominaciones de las autoridades rusas como descripciones neutrales de los hechos.

«¿Quién os ha elegido?»
La crítica más frecuente al Congreso es la siguiente: ¿Quiénes sois vosotros para redactar leyes para Rusia? Nadie os ha elegido para formar parte de este Parlamento. La pregunta es legítima. El Congreso actual no ha sido legitimado mediante unas elecciones nacionales. No puede sustituir a unas elecciones libres ni posee un mandato para gobernar Rusia de forma permanente. Sin embargo, sus participantes fueron elegidos por ciudadanos rusos en distintos momentos y en diferentes niveles políticos.

De ello no deducimos ningún derecho a ejercer el poder indefinidamente. Lo que deducimos es la responsabilidad de utilizar nuestra experiencia parlamentaria para preparar una posible transición. Una futura Rusia democrática solo podrá obtener su legitimidad mediante elecciones libres. Sin embargo, hasta que esas elecciones sean posibles, habrá que tomar decisiones, proteger instituciones y establecer fundamentos jurídicos. Nuestro trabajo se concentra precisamente en esta difícil fase intermedia. Tal vez la probabilidad de que nuestro modelo llegue a ser necesario sea solo del uno por ciento. Pero uno por ciento no es cero.

¿Se desintegrará Rusia?
Una de las preguntas más difíciles se refiere al futuro territorial del país. ¿Podría Rusia desintegrarse de forma similar a la Unión Soviética? Iliá Ponomariov considera que ese escenario es posible, aunque no el más probable. A su juicio, la estructura regional de la actual Federación de Rusia difiere notablemente de la de la Unión Soviética. Solo en unas pocas regiones el grupo étnico titular constituye una clara mayoría de la población. Más decisivos podrían ser los incentivos que reciban las élites regionales. Los intereses políticos y económicos también desempeñaron un papel central en la desintegración de la Unión Soviética. Por ello, una Rusia democrática deberá crear un modelo federal en el que la cooperación resulte más atractiva que la secesión. Que esto tenga éxito no dependerá únicamente de los textos legislativos. Pero sin un marco jurídico, sin duda será más difícil.

El futuro de Rusia es una cuestión europea
Según los organizadores, en la sesión de Varsovia también participaron diputados del Sejm polaco y de la Rada Suprema de Ucrania, así como académicos y representantes de la sociedad civil. Uno de los debates se centró en las crecientes tensiones entre Varsovia y Kyiv. Una profunda ruptura política entre Polonia y Ucrania sería peligrosa para toda Europa. El Kremlin aprovechará cualquier disputa histórica y cualquier conflicto de intereses actual para debilitar las relaciones entre los países vecinos. Por ello, el Congreso también se considera una plataforma de diálogo en la que parlamentarios polacos y ucranianos pueden debatir con demócratas rusos sobre el futuro orden de seguridad de la región.

La cuestión de cómo será Rusia después de la guerra hace tiempo que dejó de ser un asunto exclusivamente interno. Afecta a la seguridad de Europa y, por tanto, también a la de Suiza. El caso del Muro de Berlín demuestra con qué rapidez pueden derrumbarse sistemas aparentemente estables. Todavía en 1988, pocos observadores esperaban que el Muro se abriera un año después y que posteriormente se vendiera por fragmentos como recuerdo. Cuando ocurrió lo impensable, la pregunta más importante ya no era si podía suceder. Era: ¿Quién está preparado para la mañana siguiente?

En el caso de la República Democrática Alemana, al lado se encontraba la República Federal de Alemania, con instituciones funcionales, un ordenamiento jurídico vigente y personas capaces de asumir responsabilidades estatales. No existe una «segunda Federación de Rusia» equivalente. Por eso hay que prepararla, al menos en sus elementos fundamentales: en reuniones celebradas en Varsovia, mediante conexiones cifradas y en comisiones cuyos miembros, después de terminar su trabajo habitual, discuten sin recibir remuneración sobre la redacción de una futura ley electoral.

La historia no pregunta por las apuestas
En el verano de 2026, Cabo Verde, un Estado insular con poco más de medio millón de habitantes, participó por primera vez en un Mundial de fútbol. En un grupo con España y Uruguay, el equipo permaneció invicto frente a ambos antiguos campeones del mundo y alcanzó la fase eliminatoria. Casi nadie esperaba que llegara tan lejos. Sin embargo, la historia no pregunta por las cuotas de las casas de apuestas. No siempre recompensa el desenlace más probable. A veces se decanta por aquella posibilidad para la que casi nadie estaba preparado. Cuando termine el sistema ruso actual —y todos los sistemas políticos terminan algún día—, el país tendrá que afrontar una decisión fundamental.

O bien los representantes de los aparatos de seguridad vuelven a ponerse disfraces democráticos y asumen el control de la supuesta transición, o bien dan un paso al frente personas con experiencia parlamentaria, leyes ya preparadas y compromisos claros con los países vecinos de Rusia. Nosotros trabajamos para el segundo escenario. El Congreso todavía no es un Parlamento legitimado democráticamente, y mucho menos un Gobierno reconocido. Pero es más que una esperanza abstracta: celebra sesiones, redacta leyes e intenta prepararse para la mañana posterior al final del sistema actual.

Tal vez nuestras posibilidades sean realmente de solo un uno por ciento. Pero ese uno por ciento puede convertirse en historia. El cero por ciento solo existe allí donde nadie está dispuesto a empezar.