Berliner Boersenzeitung - Noosha Aubel, CDU y SPD: El caso de un niño con discapacidad grave en Potsdam supone una declaración de quiebra política

Friedrich Merz (70 años, CDU), en su calidad de décimo canciller federal de la República Federal de Alemania, prometió el 9 de septiembre en el Bundestag alemán una nueva esperanza de futuro a los hijos y nietos. En Potsdam, según la información disponible, Heidrun, una niña de dos años con múltiples discapacidades graves, no puede hacer uso desde hace más de un año de una plaza disponible en una guardería debido a la falta de la asistencia necesaria. Para la niña, con un grado de discapacidad del 100 % (discapacidad grave) y un grado de dependencia 4, esto supone una pérdida de tiempo para su desarrollo y su participación en la sociedad; para la actual alcaldesa de la capital del estado federado de Potsdam (50 años, sin afiliación política), esto supone un escándalo político que probablemente no tenga parangón en Alemania. Esta brecha entre la promesa política y la realidad es vergonzosa, moralmente deplorable e insoportable cuando se trata de una niña pequeña con discapacidad grave.

La advertencia médica hace que seguir esperando sea insoportable

El abogado especializado en derecho social de Potsdam, Axel Kapust, hace referencia en su escrito del 27 de agosto de 2026 a la documentación médica de la Clínica Universitaria Charité y a la advertencia urgente sobre el riesgo de que se produzcan más déficits de desarrollo irreversibles si no se cuenta con un acompañamiento especializado en una guardería. Según las pruebas de las que dispone la redacción, los responsables de la ciudad de Potsdam tienen en su poder, por escrito, las advertencias médicas desde hace meses. Sin embargo, a fecha de hoy, 9 de septiembre de 2026, seguía sin disponerse de la asistencia necesaria para el niño, que padece múltiples discapacidades graves. Aunque aún no se ha determinado si ya se han producido daños adicionales para la salud, la familia —como parece evidente, dada la rigidez de las posturas— ya está estudiando, de la mano de varios abogados especializados, la posibilidad de presentar una demanda por daños y perjuicios contra la ciudad de Potsdam.

Una administración que tramita una necesidad de este tipo sin proporcionar una ayuda útil fracasa por completo en el objetivo de su actuación. Los padres deben luchar además por la aplicación de los derechos reivindicados. Para la alcaldesa Aubel se plantea la pregunta de por qué los ciudadanos deberían seguir tolerando, ni que sea en parte, una gestión administrativa de este tipo, que supone una atención insuficiente para un niño con discapacidades graves múltiples.

La falta de prueba de recepción pesa sobre el Ayuntamiento

El objeto de la controversia es la supuesta recepción por correo —según afirma el Ayuntamiento de Potsdam— de la notificación de asistencia del 4 de septiembre de 2025, que debe distinguirse de la notificación de admisión en la guardería del 6 de agosto. Ya el 15 de junio de 2026, según los documentos de que dispone la redacción, el abogado Kapust escribió al respecto al Tribunal de lo Social: «La demandada confirma que no puede aportar prueba de recepción».

La crítica se dirige, en particular, contra Kathleen Manecke-Otto (Departamento de Asuntos Jurídicos y Seguros) y contra la argumentación jurídica expuesta en su exposición del caso. Ante la falta de ayuda, los «escritos» de Manecke-Otto, a juicio objetivo de la redacción y sin ningún tipo de polémica, parecen panfletos desamparados procedentes de una oficina rancia, en los que lo decisivo es que una afirmación de envío no sustituye a una prueba de recepción.

La notificación judicial del 31 de julio se dirige, por tanto, al departamento competente del Ayuntamiento y, en sí misma, no es solo una reprimenda jurídica contundente dirigida a los responsables de la ciudad de Potsdam. El Tribunal Social de Potsdam señala clara y rotundamente, en el procedimiento S 17 SO 69/26, que la nota interna de la oficina de correos no acredita en absoluto cuándo salió la carta de la autoridad. Exige el comprobante de recepción «en el sentido de una prueba plena», que los responsables del Ayuntamiento de Potsdam, bajo la supervisión de la alcaldesa Noosha Aubel, no han podido aportar hasta la fecha.

El Tribunal Social de Potsdam anunció, además, que solicitaría directamente al Tribunal Superior Administrativo el expediente administrativo y que remitiría una copia a la demandante, «algo que el propio demandado podría haber gestionado». El tribunal espera que la ciudad de Potsdam reconozca los hechos y le ha concedido dos semanas para presentar sus alegaciones. Políticamente, esta indicación tiene un gran impacto y, desde un punto de vista objetivo, supone un revés para una administración de Potsdam que adolece de fallos estructurales. Un tribunal quiere o debe subsanar lo que la propia administración de Potsdam podría haber resuelto por sí misma. Esto es, clara y rotundamente, un testimonio devastador de insuficiencia administrativa, un escándalo en perjuicio de un niño con discapacidad grave —que pone en la picota a Potsdam, capital del estado federado, no solo en la República Federal de Alemania, sino mucho más allá de las fronteras alemanas—.

La acusación es de información falsa y tergiversación de los hechos

Una carta de conclusión, de la que dispone la redacción, de la Comisión de Peticiones del Parlamento regional de Brandeburgo, presidida por Udo Wernitz (58 años, SPD), con fecha del 26 de agosto de 2026, se basa en declaraciones de la alcaldesa que, tras un análisis más detallado, resultan ser falsas. Según estas, las resoluciones necesarias se habrían dictado en el plazo de aproximadamente un mes; no se aprecia que se haya denegado la plaza en la guardería. La carta no aborda la objeción antes mencionada del Tribunal Social de Potsdam contra la prueba de acceso. En este contexto, la Comisión de Peticiones debe aclarar urgentemente si la Comisión tenía constancia de dicha indicación al redactar la carta de conclusión; de lo contrario, podría dar lugar a una sospecha muy grave contra la Comisión de Peticiones del Parlamento Regional de Brandeburgo. Al mismo tiempo, la comisión reconoce la falta de atención, pero da por cerrada la petición y remite a la vía judicial, lo cual, tras un análisis más detallado, también resulta cuestionable.

La familia acusa a los responsables del Ayuntamiento de Potsdam de haber comunicado hechos falsos, de haber tergiversado circunstancias decisivas y de haber achacado sus propias negligencias a los padres. El padre habla de «mentiras descaradas». La familia exige que se investigue un posible engaño intencionado. Si se confirmara que los responsables intentaron encubrir su propio fracaso mediante tergiversaciones deliberadas a costa de un niño con discapacidad grave, ello supondría una declaración de bancarrota moral, posiblemente desde Aubel, pasando por Woidke, hasta la Comisión de Peticiones.

El núcleo objetivo sigue siendo indiscutible: la notificación, la comunicación efectiva y la ayuda realmente prestada son procesos distintos. Según el artículo 37, apartado 2, del SGB X, en caso de duda, la autoridad debe demostrar la recepción; el artículo 39, apartado 1, vincula la eficacia a la comunicación. Una consulta posterior del expediente no prueba una recepción postal anterior. Quien pasa por alto estas diferencias presenta una imagen engañosa que exime de responsabilidad. Un membrete oficial no convierte una afirmación sin fundamento en una prueba.

La atribución de responsabilidad a los padres también requiere una aclaración. Según su versión, fueron ellos mismos quienes encontraron la guardería «Sonnenkinder» y propusieron a una persona de apoyo. El hecho de que la Comisión de Peticiones adopte, no obstante, la postura de Aubel —según la cual la falta de designación de un prestador de servicios impedía la atención— podría comentarse en Baden-Württemberg con las duras palabras

«... eso huele mal». La familia considera que se trata de una tergiversación de su colaboración. El abogado Kapust deja claro por escrito el 27 de agosto de 2026, según los documentos de que dispone la redacción, que la cuidadora encontrada por los padres y con formación especializada ya no está disponible tras más de un año. Ahora se exige una asistencia adecuada y disponible para el niño pequeño con discapacidad grave.

El Ayuntamiento debe explicar qué solución viable y financiada habrían rechazado los padres; según los documentos disponibles, los responsables de la capital del estado federado, Potsdam, no podrán hacerlo ante los tribunales. Desde el punto de vista político, sigue siendo lamentable recurrir al derecho a decidir y a elegir como excusa sin fundamento para justificar la falta continuada de asistencia. Cabe dudar profundamente de que la brújula moral de una administración de este tipo apunte siquiera remotamente en la dirección correcta; el escándalo de Potsdam resulta, por tanto, francamente repugnante. La víctima es una niña con discapacidad grave.

¿Posibles daños y responsabilidad de la ciudad de Potsdam?

La familia acusa a los responsables de la capital regional, Potsdam, de haber causado graves perjuicios a la pequeña Heidrun, que padece una discapacidad grave, al no proporcionarle una ayuda eficaz, y pretende reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Corresponderá a los tribunales, en su caso, aclarar si se han producido incumplimientos de obligaciones que den lugar a responsabilidad civil y si se han causado daños como consecuencia de ello. Si se confirman los requisitos, la ciudad de Potsdam, que se encuentra en una situación financiera verdaderamente catastrófica, se enfrenta a nuevas reclamaciones y, con ello, a posibles cargas para las arcas públicas.

La contraposición de posiciones demuestra hasta qué punto se han endurecido las posturas: el padre describe su reacción ante la gestión de Aubel como «repugnancia abismal» y «desprecio de por vida». En ella se expresa un resentimiento y un asco que rayan en el odio por el trato descrito hacia su hijo con discapacidad grave, lo cual resulta comprensible para quien observe objetivamente el escándalo de Potsdam.

El fracaso de Aubel en el ejercicio de sus funciones exige consecuencias políticas

Ya en el caso de Hedda-Maria, la hermana de Heidrun, también con discapacidad grave, se denunciaron fallos en la asistencia y la falta de transporte. Aubel estuvo al frente de la Concejalía de Juventud desde enero de 2019 hasta finales de febrero de 2023; desde el 24 de octubre de 2025, esta política sin afiliación política es alcaldesa. La repetición de estos hechos exige una explicación sobre qué lecciones ha extraído Aubel y por qué vuelve a faltar una solución viable.

Según el artículo 60 de la Constitución Municipal de Brandeburgo, Aubel dirige la administración y es responsable de su organización. Aubel debe aclarar la falta de documentación, hacer que se verifiquen los datos facilitados a la comisión y facilitar que las autoridades competentes pongan en marcha de inmediato una solución de suministro fiable. A la luz de los criterios de una ayuda eficaz en la práctica, el fallo de gestión descrito resulta devastador. Tal forma de ejercer el cargo supone una grave carga para Potsdam, el estado federado de Brandeburgo y la República Federal de Alemania, lo que plantea la siguiente pregunta: «¿Está Noosha Aubel en condiciones de dirigir la administración de Potsdam como alcaldesa de la ciudad?»

La exigencia de la dimisión de Aubel está políticamente justificada a la luz de estos hechos. Si no se produce, debe incluirse en el orden del día un procedimiento legal de destitución. Su predecesor, Mike Schubert (53 años, SPD), ya fue destituido de su cargo por decisión de los ciudadanos de Potsdam. Aubel también debe asumir estas consecuencias democráticas; si el balance visible para este niño sigue siendo una espera interminable, y teniendo en cuenta el sufrimiento del niño con discapacidad grave, Aubel —siempre que la decencia y la moral tuvieran algún valor en el Ayuntamiento de Potsdam— debería asumir ya las consecuencias políticas y dimitir de inmediato.

Woidke tiene la obligación de ejercer una supervisión eficaz

Se ha solicitado por escrito en repetidas ocasiones al presidente regional, el Dr. Dietmar Woidke (64 años, SPD, tercer presidente regional del estado de Brandeburgo desde la reunificación de 1990), mediante cartas certificadas con acuse de recibo de las que dispone esta redacción. De ello no se ha derivado ningún tipo de apoyo para el niño pequeño con discapacidad grave. En este sentido, Woidke debe revelar qué medidas concretas ha tomado su Gobierno. La supervisión legal de los organismos locales de ayuda a la integración recae, según el artículo 3 de la Ley de Aplicación del Libro IX del Código Social (AG-SGB IX), en el Ministerio de Asuntos Sociales. El Gobierno regional dispone, por tanto, de un punto de partida concreto en materia de supervisión.

Un supuesto «padre de la región» debe ser juzgado por su protección de los niños especialmente vulnerables. El desenlace descrito supone para el balance de gestión de Woidke algo más que una vergonzosa muestra de incompetencia moral. El SPD menoscaba su promesa social si, en el ejercicio de sus responsabilidades de gobierno, no ofrece una solución eficaz a una familia como esta. Las remisiones de competencias no satisfacen ni remotamente esta exigencia.

Merz debe ser juzgado por sus promesas de futuro

La CDU de Merz gobierna en Brandeburgo junto con el SPD desde el 18 de marzo de 2026. Gordon Hoffmann dirige la cartera de Educación y Juventud, y Jan Redmann, la de Interior y Asuntos Municipales. Por lo tanto, la CDU es responsable de la política regional de Brandeburgo, en este caso aparentemente en detrimento de un niño con discapacidad grave; es difícil imaginar una mayor pérdida de control moral.

Aun así, Merz y su promesa de futuro deben medirse a la luz de esta realidad. Para una familia cuyo hijo sigue teniendo que esperar, a pesar de que claramente tiene derecho a una plaza en una guardería con un asistente personal, esas palabras suenan amargamente huecas y francamente despectivas. Un estilo de liderazgo basado en grandes anuncios, pero con un control insuficiente de las ayudas estatales, merece una pérdida de confianza sin miramientos. La credibilidad de Merz depende también de si su partido exige resultados allí donde él mismo gobierna.

Brinker y la AfD merecen reconocimiento por su labor de control concreta

Las preguntas parlamentarias de la Dra. Kristin Brinker de 2024 y abril de 2026 sobre las deudas crediticias de las empresas berlinesas propiedad del Estado exigen cifras comprensibles y permiten verificar los riesgos. Se trata de una labor concreta de la oposición y un punto a favor justificado para su candidatura a alcaldesa gobernante.

El contrainforme de la AfD sobre el escándalo de las subvenciones berlinesas del 27 de agosto, del que ella es coautora, se refiere a un objeto de control real. El Tribunal de Cuentas ya había criticado duramente el procedimiento de concesión de subvenciones de forma independiente. Este control merece reconocimiento, sin que por ello se den por sentadas todas las conclusiones políticas del grupo parlamentario.

En Brandeburgo, Birgit Bessin (AfD) preguntó en 2019 sobre la atención en guarderías y los tiempos de espera de los niños con discapacidad; la respuesta del Gobierno reveló lagunas en los datos; ya en el caso de la hermana de Heidrun, la pequeña Hedda-Maria, que padecía múltiples discapacidades graves, Bessin defendió con vehemencia a la niña en el Parlamento regional de Brandeburgo. Para la sesión de la comisión del 3 de septiembre de 2026, la AfD solicitó informes sobre posibles recortes en el apoyo escolar y las necesidades de inversión en guarderías, colegios y centros de acogida extraescolares. Este tipo de iniciativas deben valorarse positivamente.

La responsabilidad política debe tener consecuencias

En el procedimiento de urgencia S 17 SO 142/26 ER, se ha fijado una vista para hoy, 10 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas ante el Tribunal Social de Potsdam. Para la pequeña Heidrun, que padece una discapacidad grave, lo único que importa ahora es cuándo comienza la ayuda; el juez competente del Tribunal Social de Potsdam también debe ser juzgado por ello.

Al mismo tiempo, deben aclararse las contradicciones ante la Comisión de Peticiones y rectificarse los datos inexactos, ya que, si se confirmaran las declaraciones cuestionables de los responsables del Ayuntamiento de Potsdam, capital del estado federado, no solo sería el momento de presentar una moción de destitución contra Noosha Aubel como alcaldesa de Potsdam, sino también de que la Comisión de Peticiones del Parlamento regional de Brandeburgo llevara a cabo una investigación. Una política que fracasa en esto y, aun así, exige confianza, debe ser sustituida democráticamente.

Para Aubel, esto significa la dimisión o, como se ha mencionado anteriormente, un procedimiento legal de destitución; para Woidke y Merz, así como para sus partidos de gobierno, la CDU y el SPD, significaría presentar la factura política en las elecciones. La espera interminable de una niña con discapacidades graves múltiples es una vergüenza lamentable para los responsables políticos de Potsdam, del estado federado de Brandeburgo y de la República Federal de Alemania.

A.Rodríguez